La ausencia de su rostro entre la audiencia llamó la atención. La mirada detrás del marco oscuro de sus anteojos se había convertido en uno de los símbolos del juicio que, hace casi dos años, dejó en libertad a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a su madre, María de los Ángeles Verón.
Desde pequeña se acostumbró a la ausencia, pero ayer era ella la que faltaba. Micaela Verón no estaba -como es habitual- parada al lado de su abuela, Susana Trimarco. Y la explicación de su inasistencia agregó un nuevo capítulo al drama de esta familia.
La semana pasada se cumplieron 12 años de la desaparición de “Marita” Verón pero, según afirmó Trimarco, las aflicciones continúan persiguiéndolas. “Mica no está en Tucumán. La enviamos a otra provincia por su seguridad porque la amenazaron e intentaron secuestrarla”, lanzó antes de regresar al recinto de la Sala I de Juicio Oral después del primer cuarto intermedio dispuesto por el tribunal integrado por los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez.
En la sala Trimarco ocupó de nuevo el banquillo de las víctimas, pero antes del mediodía se retiró. Según fuentes de la Fundación María de los Ángeles, se fue porque debía cumplir con unos trámites impostergables. Sin embargo, confirmaron su presencia para la audiencia de hoy en la que los jueces fijarán la pena al fallo de la Corte Suprema que resolvió que 10 imputados son culpables de los delitos de los que los absolvió el tribunal de Sala II formado por los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina.
La sentencia
Los planteos de la defensa llegarán a la Justicia Federal pero esa instancia será posterior a la pena que esta tarde se dictará en el Palacio de Tribunales. Es decir que hoy se define todo, o al menos, una parte de la historia del caso Verón.
En sus palabras finales los condenados expusieron las mismas explicaciones que dieron durante el juicio. El máximo tribunal consideró que dos de los autores del secuestro de Marita fueron los mellizos Gonzalo y José “Chenga” Gómez.
En la audiencia, Gonzalo se mostró desafiante ante cada alusión que vinculaba a su familia o a él con la trata de personas. Muecas, gestos de desaprobación y sonrisas mordaces formaron parte de su repertorio. Incluso, cuando habló ante el tribunal el juez Ibáñez tuvo que reprenderlo para que se dirigiera con respeto. A lo que contestó: “sí estoy hablando bien”. Después de esto, dio algunas escuetas respuestas y volvió al banquillo de los condenados haciendo gestos a sus defensores. El “Chenga”, su hermano, actuó de otra manera. En su exposición remarcó que ni él ni su familia están involucrados con la desaparición de Marita y dijo que los amenazaron de muerte. “Si tengo que ir detenido, acá estoy”, dijo antes de retirarse, levantando las manos hacia el tribunal haciendo un gesto para que le pusieran las esposas. Pero, esa sentencia se define hoy.
Pidieron 25 años de prisión para cuatro condenados
Daniela Milhein y su entonces marido Alejandro González, se ocupaban en 2002 de reclutar mujeres que luego eran enviadas a prostíbulos de La Rioja o de Río Gallegos. Ese era el primer eslabón de la red de trata de personas que secuestró a María de los Ángeles “Marita” Verón, según afirmó ayer el fiscal de Cámara Carlos Sale al pedir que la ex pareja de tucumanos sea condenada a 25 años de prisión.
El representante del Ministerio Público, dando cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró penalmente responsable a 10 personas por el secuestro para la explotación sexual de “Marita”, pidió la misma pena (25 años) para los mellizos José “Chenga” y Gonzalo Gómez. “Tuvieron el manejo de los prostíbulos en La Rioja y la responsabilidad directa de la retención de ‘Marita’”, afirmó Sale.
El abogado querellante José D’Antona coincidió con el pedido del fiscal. Disintieron en la cantidad de años a los que deberían ser condenados el resto de los imputados, a quienes la Corte había considera partícipes necesarios del delito.
Sale distinguió entre dos grupos. El primero de ellos lo integraron Carlos Luna, Pascual Andrada, Mariana Bustos y Azucena Márquez, para quienes pidió una condena de 20 años de prisión. “Luna era la mano derecha de Irma ‘Liliana’ Medina, Andrada posibilitó el ocultamiento de ‘Marita’ por su rol de informante de la Policía, Márquez participó en el cambio de fisonomía de la hija de Susana Trimarco y Bustos recibió de parte de ella una remera que dejó de regalo, es decir que tenía una relación directa con la víctima”, describió Sale.
Para Paola Gaitán y para Juan Derobertis, en tanto, el fiscal solicitó 15 años de prisión, al valorar que ocuparon un rol menor dentro de la organización que comandaba Medina, quien murió en febrero de 2013.
La querella, en tanto, no distinguió entre los grupos, y pidió para todos una condena de 24 años y seis meses de prisión. “Había un mecanismo tan aceitado que suplían los roles entre ellos”, describió D’Antona.
El fiscal de Cámara Manuel López Rougés, por su parte, pidió que una vez que se dicte la pena los imputados queden detenidos. Los jueces Dante Ibáñez, Emilio Páez de la Torre y Juana Juárez aceptaron, por ahora, disponer el arresto domiciliario mientras duren las audiencias.
Fuentes judiciales comentaron que el veredicto del tribunal se conocerá esta tarde, y se desplegará un fuerte operativo de seguridad.